Cualquier lugar antes que casa: la tragedia del éxodo venezolano en Latinoamérica

Solo el 7% de los refugiados considera el retorno a Venezuela como una alternativa a los conflictos generados por la pandemia, la crisis económica, los desalojos y la discriminación, según un estudio coordinado por ACNUR

Más de cinco millones de venezolanos han optado por emigrar, empujados por el colapso económico y social que se agravó en su país desde que Nicolás Maduro llegó al poder, en 2013. De ellos, 4,6 millones están en la región. Aunque las cifras varían constantemente, 1,7 millones se han asentado en Colombia, seguida por Perú, Chile, Ecuador y Brasil, que albergan migrantes y refugiados por cientos de miles. Las cuarentenas y medidas de confinamiento decretadas por los Gobiernos para contener la covid-19 les han dificultado ganarse la vida en sus comunidades de acogida. En la vecina Colombia, por ejemplo, donde nueve de cada diez alimentan las filas de la informalidad a pesar de una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, la prensa registró al comienzo de la pandemia la expulsión de familias migrantes de pensiones que no podían pagar, en plena cuarentena nacional.

Muchas familias migrantes se han quedado sin hogar en América Latina. Mientras la región apenas intentaba encajar un éxodo sin precedentes, con crecientes necesidades humanitarias, los estragos económicos causados por la pandemia del coronavirus en el último año han tenido un efecto devastador sobre los más vulnerables. Y entre ellos, los venezolanos, que suelen afrontar altísimos niveles de informalidad en las ciudades donde han encontrado refugio, han sentido el golpe con especial crudeza. Los obstáculos que enfrentan para integrarse son enormes, y la crisis sanitaria ha exacerbado el riesgo de que los desalojen de manera forzosa de sus viviendas.

A pesar de esas adversidades y la creciente de precariedad económica, la mayoría de los migrantes todavía prefiere permanecer en los lugares donde se han asentado antes que regresar a Venezuela, señala un estudio sobre el desalojo de migrantes en la región, publicado este miércoles por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, la primera en su tipo, es parte de la plataforma regional de coordinación entre varias agencias para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V) y la relatoría sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El peligro de los desalojos

Los migrantes “prefieren permanecer en las localidades en las que habitan, principalmente en las ciudades en las que han estado en riesgo de desalojo e incluso en las que fueron desalojadas”, apunta el documento. “En términos generales sienten que regresar a Venezuela pone en riesgo la integridad personal de sus familias e imposibilita tener medios adecuados de vida. Mayoritariamente, aunque estén en condiciones precarias, prefieren permanecer en la localidad, antes que regresar a su país”, señala entre sus conclusiones. La integración es percibida como la solución duradera más deseada, pues más del 82% tiene la intención de quedarse en el país de acogida. Solo el 7% de las personas encuestadas considera el retorno como una alternativa.

En varios frentes, la radiografía es alarmante. La mayoría de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela en la región viven en arrendamientos en casas o habitaciones particulares, a través de contratos en su inmensa mayoría verbales –un 73 %– y en menor proporción, escritos, explica el informe. Se realizó a partir de más de un millar de entrevistas en siete países: Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana –cerca del 90 % de las encuestas corresponden a los tres países de la región andina–. Estos alojamientos en muchos casos no cuentan con las condiciones mínimas de servicios públicos, ni habitaciones suficientes. La mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación, y los investigadores apuntan a una relación entre desalojos forzosos y hacinamiento. Además, cuando se presentan conflictos, la intervención estatal es baja.

“Estos conflictos en torno a los arriendos ya estaban presentes por la falta de oportunidades y medios de vida de los hogares encuestados, y se han hecho más conflictivos, con ocasión de la crisis social y sanitaria de la covid-19, haciendo que una gran proporción de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela estén en riesgo de desalojo o desalojados, a pesar de las medidas tomadas por los gobiernos de la región para evitar los desalojos forzados de la población vulnerable; medidas, que sin embargo, tuvieron corta duración o en ocasiones no fueron observadas”, señala el análisis.

Entre sus principales recomendaciones, el informe aconseja a las autoridades locales y nacionales adoptar todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para garantizar condiciones de vivienda dignas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluyéndolas en la oferta estatal existente para el acceso a vivienda o a líneas de subsidios especiales adaptadas a su situación socioeconómica.

También recuerda que, para mejorar su acceso a la oferta estatal de vivienda, los Gobiernos deben promover la regularización del estatus migratorio de las personas refugiadas y migrantes –como acaba de anunciar Colombia, que se propone regularizar a un millón de indocumentados–. Así como habilitar albergues y la asistencia necesaria para atender a aquellas personas que puedan quedar en situación de calle, o a la espera de ser reubicadas. “La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, manifestó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

Los organismos de control, recomienda el documento, deben cumplir un papel más decisivo en los procesos de asesoría legal y mediación, lo que a su vez puede reducir el ambiente de xenofobia y discriminación. Otros estudios han señalado que los migrantes venezolanos juegan un papel crucial y, con una mayor inclusión, pueden ayudar a sus comunidades de acogida a recuperarse de la crisis económica causada por la pandemia. El acceso a una vivienda digna se antoja como el primer requisito para detonar ese potencial.

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